La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP)
La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP), también conocida, sobre todo en el ámbito anglosajón, como Community Interpreting and Translation, podría definirse como una especialización dentro del área de los Estudios de Traducción e Interpretación que investiga las relaciones comunicativas entre personas que no hablan la lengua oficial del país en el que se hallan y los proveedores de servicios públicos con el fin de facilitar el acceso igualitario a los servicios legales, sanitarios, educativos, o sociales. En la práctica, se trata de establecer la comunicación con un público específico que responde a una minoría cultural y lingüística, que posee un nivel educativo y adquisitivo generalmente inferior al de la mayoría y que, con frecuencia, desconoce o no domina la nueva realidad social del país en el que se encuentra.
El gran flujo migratorio iniciado a finales de siglo pasado y comienzos del siglo XXI supuso no solo a nivel nacional sino sobre todo internacional, un cambio dramático tanto en la teoría como en la práctica de la TISP. En España, tal y como ya había pasado en EE. UU., Australia, Canadá o en países de la UE a lo largo del siglo XX, se experimenta el fenómeno migratorio en las últimas décadas de dicho siglo y surge la necesidad de comunicarse con la nueva población. Ello propició el desarrollo de la TISP
En los distintos ámbitos públicos en los que se precisa de estos intermediaros lingüísticos y culturales influyen factores específicos, como el contenido emocional del discurso, un entorno social polarizado u hostil, el estrés creado, las relaciones de poder entre los participantes o el grado de responsabilidad que adquiere el intérprete –en muchos casos elevado– y de quien puede incluso depender la vida de la otra persona. Sin embargo, a pesar de la necesidad de contar con esta figura para facilitar la comunicación en esta sociedad multilingüe, la TISP no goza hoy por hoy del mismo prestigio que la interpretación en otros ámbitos como, por ejemplo, la interpretación de conferencias o como la traducción científico–técnica.
Tal falta de reconocimiento y prestigio –denunciado con frecuencia en la investigación– se nota también en la formación y práctica de los intérpretes y traductores en los servicios públicos donde las dos actividades principales –traducción e interpretación– suelen ejercerse a la vez junto con otras tareas que exceden a la práctica profesional de la traducción o de la interpretación en otros ámbitos más reconocidos, y donde la falta de dicha formación lleva a que, con cierta frecuencia y sobre todo en combinaciones lingüísticas específicas tradicionalmente poco comunes (lenguas africanas o asiáticas), los intérpretes y traductores sean familiares o amigos que comparten lengua y cultura con una de las partes y conocen a ciertos niveles la otra lengua y cultura.
En cuanto a la investigación, la TISP surge como actividad académica e investigadora en 1995 en Canadá y en 1997 en España con la publicación de un estudio de C. Valero Garcés, al que han seguido muchos otros. Desde entonces no se ha dejado de publicar sobre esta especialización. La organización desde 2002 de un congreso con periodicidad regular y exclusivamente dedicado a la TISP a cargo del grupo de investigación FITISPos (Formación e Investigación en TISP) de la Universidad de Alcalá, o la aparición de otros grupos con objetivos similares en el territorio nacional (CRIT, GRETI, MIRAS, ALFAQUEQUE), agrupados en la red COMUNICA, creada en 2005, así como el aumento progresivo de conferencias, seminarios, cursos y talleres nacionales e internacionales son un prueba del ímpetu de dicha especialización.
La labor de la red COMUNICA, que se define como «Observatorio permanente sobre traducción e interpretación en los servicios públicos», fue fundamental en el desarrollo de la TISP en España. Como grupo, parte de su trabajo ha sido reflejar la situación y evolución de la TISP en nuestro país. Dos son las obras conjuntas más significativas: Retos del siglo XXI en comunicación intercultural: nuevo mapa lingüístico y cultural de España (2006) y Panorama de la traducción y de la interpretación en los servicios públicos españoles: una década de cambios, retos y oportunidades (2018). Entre ambos documentos cabe mencionar la publicación en 2011 del Libro blanco de la traducción e interpretación institucional en cuya introducción se lee que el libro «tiene el doble objetivo de dar voz a muchos profesionales que trabajan anónimamente, y a veces en condiciones un tanto precarias, en nuestra Administración y de aunar en un único texto todos los problemas que aquejan al sector de la T&I institucional», y que sin duda comparte la TISP.
La publicación auspiciada por la red COMUNICA en 2018 –Panorama de la traducción y de la interpretación en los servicios públicos españoles– tiene como objetivo, según se dice en la introducción actualizar la descripción de la situación de la TISP en España tras una década marcada sobre todo por la crisis económica iniciada en 2008 que ha llevado a un cambio de rumbo en el desarrollo de la misma y a una mayor precarización en la práctica de quienes actúan como intérpretes y traductores en los servicios públicos, impidiendo o frenando un grado de profesionalización similar al de otros países como Australia o Canadá. Dicha crisis económica se ha visto también agravada en la UE por conflictos relacionados con la migración, como la crisis de los refugiados de 2015 o la crisis del Open Arms de agosto de 2019, que ha puesto en tela de juicio las políticas migratorias y las decisiones nacionales y trasnacionales. Todo ello a pesar de los importantes cambios legislativos sucedidos en la segunda década del siglo XXI a partir de las publicaciones de la UE. Tres son los documentos a destacar: Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 sobre el derecho de interpretación y traducción en procesos penales; Directiva 2012/13/UE de 22 de mayo de 2012 sobre el derecho a la información en procedimientos penales; y Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 por el que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y que sustituye a la Decisión marco del Consejo 2001/220/JAI.
España transpuso parcialmente la Directiva 2010/64/UE a la legislación nacional mediante la Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Sin embargo, la creación de un registro oficial de traductores e intérpretes para garantizar la calidad de la traducción e interpretación en la Ley Orgánica 5/2015 aún no se ha logrado. Ello, junto a otros puntos de la Directiva como, por ejemplo, la formación de los operadores judiciales, hace que estas modificaciones sean insuficientes. A este respecto, son varios los documentos publicados por asociaciones profesionales y otras entidades denunciando casos de mala praxis y la progresiva precarización del servicio de T&I, debido en gran parte al proceso de subcontratación de los servicios de TISP en la administración.
Críticas a esta situación que caracteriza a la TISP se reflejan en el informe de 2013 elaborado por la CCDUTI (Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español), ahora conocida como AUnETI; o el comunicado de prensa titulado «Oportunidad perdida: interpretación judicial sin garantías», publicado en 2015 por la Red Vértice (Red de asociaciones de profesionales de la traducción, interpretación y corrección con presencia en España); o la queja formal presentada por APTIJ ante el Defensor del Pueblo español en relación con la prestación de servicios de interpretación y traducción jurídica. La denuncia fue apoyada a nivel nacional por la firma de las asociaciones de T&I de España y a nivel internacional por la FIT (Federación Internacional de Traductores) y EULITA.
En el ámbito académico, las principales barreras que ha habido que afrontar en el final de siglo XX y comienzos del siglo XXI han sido, entre otras: escasez de la investigación en España debido, en parte, a la tardía incorporación de la TISP al mundo académico; perfil de los investigadores y profesionales, muchos de ellos provenientes de disciplinas como las ciencias sociales, el trabajo social o el derecho, con escasa formación lingüística y que se habían decantado más por los estudios culturales; dificultades para conseguir un corpus de datos auténticos dado el ámbito de trabajo en el que suele desarrollarse (hospitales, comisarías, juzgado, oficinas del Estado) y las características de sus participantes (inmigrantes ilegales, refugiados, niños) que exigen una protección de datos; escasa influencia que los resultados obtenidos en la investigación misma ejercían sobre la formación y la práctica. El resultado fue y es la escasa formación disponible y las características de la misma, que si bien va en aumento no llega a cubrir las necesidades denunciadas. La excepción es el Máster en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos, ofrecido por la Universidad de Alcalá desde 2005 en diez combinaciones lingüísticas entre las que se incluyen las lenguas llamadas de la migración o minoritarias de más uso en el territorio nacional como son árabe, rumano, ruso o chino.
A ello se unen otros problemas a los que se enfrentan, por un lado, los futuros intérpretes y traductores a la hora de decidir qué cursos de formación tomar y, por otro lado, los formadores a la hora de decir qué cursos organizar y que señalan problemas como, por ejemplo, variedad de perfiles de estudiantes; escasez de cursos disponibles para cubrir dichos perfiles en la combinación de idiomas solicitada; falta o abandono de los alumnos de cursos por no cumplir sus expectativas lo que obliga a veces al cierre de estos; escasez de fondos para remunerar a profesorado especializado o con idiomas específicos; falta de recursos para dar formación en Traducción e Interpretación a futuros formadores en ciertas combinaciones; poca experiencia docente de los profesionales en algunas lenguas requeridas; o dificultades de acceso o existencia de recursos lingüísticos y para las lenguas minoritarias.
A nivel institucional ha habido que superar barreras como la falta de concienciación sobre la necesidad de comunicación intercultural; las diferencias lingüísticas y culturales al tener que trabajar con lenguas prácticamente desconocidas; el acceso y uso restringido de TICs en algunas de dichas combinaciones lingüísticas; desorganización, falta calidad y control sobre recursos disponibles; falta de vías de acercamiento y modelos de integración; dificultad de acceso a la investigación empírica y desconocimiento y falta de una definición clara del papel de este intermediario.
Ello se ejemplifica en el debate aun abierto entre mediación y traducción e interpretación, sobre todo en algunos ámbitos, como es el sanitario. Un ejemplo es el grupo CRIT (2014) que combina ambas denominaciones y habla de mediación interlingüística e intercultural en el ámbito sanitario (MILICS). Para CRIT el intérprete y mediador cultural (MILIC) que actúa en este ámbito es un profesional que no sólo interpreta y traduce en el sentido interlingual, sino que también media en entornos interculturales. El grupo FITISPos y su proyecto INTERMED (2019) van en esa misma línea.
En general, las malas condiciones económicas han dado lugar a bajos salarios, a la reducción de las oportunidades de formación y a una gran cantidad de trabajo voluntario. Esto, a su vez, ha perjudicado el reconocimiento oficial y el conocimiento de este papel profesional por parte de las instituciones a la par que ha dificultado la implantación de los servicios de interpretación en los centros de salud y hospitales de España. Estas carencias han obligado a los usuarios a recurrir a amigos, familiares e incluso a sus hijos para comunicarse en los diversos ámbitos públicos (educativo, sanitario, social). Tal situación continúa a pesar de algunos progresos realizados en los años previos a la crisis de 2008 pero sin avances significativos, con nuevos recortes y la casi total falta de servicios de interpretación y traducción profesional.
En el ámbito judicial, la práctica muestra también un desfase entre, por una parte, el reconocimiento generalizado e histórico de que la asistencia lingüística en los procedimientos penales, y, por otra parte, la falta de una infraestructura adecuada de intérpretes y traductores profesionales y con formación adecuada en las lenguas de trabajo. Ciertamente uno de los mayores desafíos en este campo es el gran número de idiomas que se necesitan y la imposibilidad pragmática de proporcionar formación o educación específica en los idiomas de difusión limitada. Como consecuencia, se sigue recurriendo a personas que conocen las lenguas a un nivel aparentemente suficiente para facilitar la comunicación, aunque no tengan formación específica y a pesar de los riegos que ello comporta.
En definitiva, existe cierto un consenso casi universal sobre tres principios éticos que los intérpretes deben observar: confidencialidad, exactitud e imparcialidad. Sin embargo, existe menos consenso a la hora de ponerlos en práctica en situaciones donde es necesaria la mediación y hay que salvar la distancia cultural, o en entornos inherentemente estresantes y a veces bastante traumáticos como la interpretación en casos de solicitud de asilo y refugios, casos de violencia de género, conflictos armados, o problemas de salud mental. Enfrentarse a dichas situaciones exige también formación de los intérpretes y traductores para evitar problemas físicos, psicológicos, sociales e incluso traumas indirectos que afecten a la calidad de su trabajo.
La forma de llenar ese vacío entre el derecho a la interpretación y traducción y la disponibilidad de profesionales es bien distinta. La política seguida no sólo en España sino también en otros países (Reino Unido, Irlanda, instituciones de la UE) es la de externalizar los servicios lingüísticos. Este «sistema de contratas» ya mencionado, iniciado en 2007 y por el que se adjudican a empresas privadas los servicios de traducción e interpretación siguiendo un proceso de licitación, está llevando a que estas empresas agencias se estén convirtiendo en los intermediarios naturales entre los intérpretes y traductores autónomos y los consumidores de servicios de interpretación y traducción (por ejemplo, el gobierno, el mercado empresarial, ONGS). Los nombres de estas empresas –directa o indirectamente– han sido asociados con numerosos escándalos y quejas por mal práctica y escasa remuneración por los medios de comunicación, por la investigación y por los propios profesionales y formadores tal y como ya se ha mencionado. A pesar de esta tensión, la creciente movilidad de población y una mayor concienciación de los derechos humanos y lingüísticos y de justicia social, convierten a la TISP es en mercado en expansión.
En definitiva, si bien en la práctica no se ha logrado aún el reconocimiento profesional que merece esta figura, en investigación la TISP goza de gran vitalidad y en cuanto a la oferta formativa, se observa un aumento de cursos, seminarios, o jornadas de diversa índole; si bien no se ha llegado aún a establecer un sistema de formación reglada capaz de atender a las necesidades tanto lingüísticas como educativas del siglo XXI y superar la tradicional estructura de los estudios de las numerosas facultades de Traducción e Interpretación del territorio nacional surgidas al amparo de la entrada de España en la UE en 1986. El reto es conseguir que los resultados de dicha investigación y las propuestas derivadas lleguen a las autoridades competentes y a la sociedad en general. La lectura del mapa de la situación de la TISP ya en la recta final de la segunda década del siglo XXI que se presenta en el Panorama de la traducción y la interpretación en los servicios públicos es un buen comienzo para conocer los desafíos y las oportunidades que hay de conseguir la profesionalización y el reconocimiento de la TISP tanto en el ámbito académico e investigador como en la práctica profesional.
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Carmen Valero Garcés